El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros por Decreto-Ley una nueva línea de ayudas directas dirigida a transportistas y taxistas similar a la establecida finales del pasado mes de marzo en función del número de vehículos que posea, en concreto 1250 € por camión pesado y 500 € por furgoneta, 950 €.
Dichas ayudas van dirigidas a compensar los efectos del alza incontrolada de los precios de los combustibles habidas estos últimos meses, con el límite de 400.000 euros por empresa beneficiaria restando lo que obtuvo en la anterior convocatoria de ayudas.
125.000 transportistas, tanto de mercancías como de viajeros, incluidos taxis, vtcs y ambulancias, solicitaron dichas ayudas en el plazo de un mes concedido para ello, lo que dejó fuera sorprendentemente, según estimaciones de la propia Federación a 1 de cada 4 potenciales beneficiarios de las mismas, en concreto un total de 45.000 autónomos y empresas, entre transportistas y taxistas, dejaron de presentar la solicitud de ayudas el pasado mes de Abril.
Por ello, dado que en esta ocasión el período vacacional podría contribuir a que un mayor número de destinatarios de las ayudas pudieran quedar fuera de las mismas, el Gobierno ha establecido un plazo más amplio de solicitud, en concreto hasta el 30 de septiembre, para permitir que se acojan el mayor número posible de beneficiarios.
El nuevo Decreto-Ley incluye asimismo una histórica reivindicación de la Ley de Cadena del Transporte, medida estructural que se recogió como compromiso en los acuerdos suscrito con las organizaciones del sector el pasado mes de Marzo. Así la nueva Ley, pionera en toda la Unión Europea y cuyo objetivo principal es reequilibrar las relaciones comerciales entre los transportistas y sus clientes, incluye entre otras novedades la generalización de la contratación por escrito en el sector del transporte de mercancías por carretera, ya que hasta la fecha un alto porcentaje de los servicios de transporte contratados se hacían de forma verbal.
Contratos
De hecho, según diferentes estudios llevados a cabo por el Ministerio de Transportes sobre las formas de comercialización del transporte en España evidenciaban un nivel muy bajo de contratos por escrito: sólo el 25% en empresas transportistas que trabajan bajo acuerdos de exclusividad y el 12% en empresas con acuerdos preferenciales. Además dicho nivel varía en función del tamaño de empresa, de tal modo que en el caso de transportistas autónomos con un sólo vehículo el 83% de su contratación se hace de forma verbal, mientras que en las empresas de transporte con una flota superior a los 20 vehículos dicho porcentaje desciende hasta el 46%. Para acabar con esta anomalía, el Decreto-ley impone la obligación de que todos los servicios de transporte, excepto los de menor cuantía, vayan documentados en un contrato o carta de porte por escrito, siendo sancionado en caso contrario como infracción grave.
Ley Cadena Alimentaria
Asimismo, emulando los principios de la ley de Cadena Alimentaria del sector agrario, el Decreto-Ley establece la prohibición de contratación de los servicios de transporte si el transportista no cubre sus costes de explotación, pudiendo tomar como referencia la estructura de costes recogida en el Observatorio de costes que trimestralmente publica el Ministerio de Transportes, considerándose infracción muy grave su incumplimiento siempre que se considere que hay desequilibrio en la relación contractual entre el transportista y su cliente.
Por último, el Decreto-Ley recoge el compromiso del Gobierno de tramitar a principios del próximo año un proyecto de ley para revisar el actual régimen de subcontratación en el transporte de mercancías por carretera.
